A más de un año del inicio del conflicto judicial y financiero que involucró a la firma Márquez y Asociados, cientos de familias continúan atravesando una situación de incertidumbre, a la espera de definiciones concretas por parte de la Justicia y de posibles soluciones que permitan recuperar los fondos invertidos o avanzar con las viviendas comprometidas.
En ese sentido, explicó que durante los últimos meses se registraron avances importantes en la causa, entre ellos la confirmación de la prisión preventiva para varios de los principales directivos vinculados a la empresa y el avance del proceso de quiebra de una de las firmas del grupo empresario. La investigación judicial sostiene la existencia de presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con contratos de construcción de viviendas que nunca llegaron a concretarse.
Oyola señaló además que el expediente continúa avanzando tanto en el ámbito penal como en el civil y comercial, donde se trabaja actualmente en el relevamiento patrimonial y en la verificación de créditos de quienes realizaron inversiones o contrataron servicios con la empresa.
Mientras tanto, los damnificados continúan reclamando mayor celeridad judicial y medidas que permitan resguardar los bienes involucrados en la causa. Muchas de las familias afectadas aseguran que, pese al tiempo transcurrido, todavía no obtuvieron respuestas claras ni soluciones concretas respecto a sus ahorros y proyectos habitacionales.
El abogado remarcó que se trata de un proceso complejo debido a la cantidad de denuncias presentadas y al importante volumen económico que involucra el caso, considerado uno de los mayores escándalos vinculados a presuntas estafas inmobiliarias en la provincia de Córdoba.
En paralelo, continúan realizándose distintas manifestaciones y pedidos públicos por parte de los afectados, quienes sostienen que el paso del tiempo profundiza el perjuicio económico y emocional de quienes habían depositado sus expectativas en acceder a la vivienda propia.