La resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación de Córdoba autoriza al municipio a que instale los discutidos portones en algunas zonas de la ciudad.
Vecinos y vecinas, que ya habían militado contra la aprobación de la ordenanza, presentaron un amparo colectivo ante la Justicia con el argumento de que la medida afectaba derechos constitucionales, por ejemplo el derecho a la libre circulación.
Este martes, la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación de Córdoba definió rechazar el amparo y dio luz verde para que el municipio pueda avanzar con el Programa, el cual no fue dejado de lado por la gestión del intendente Pablo Cornet.
El tribunal justificó que la seguridad no es solo un fin estatal, sino un "derecho a la tranquilidad" y aplica un juicio de razonabilidad, concluyendo que la limitación temporal de la circulación vehicular en calles secundarias es un medio proporcionado para proteger un bien superior: la seguridad y la vida de la comunidad.
Con esta decisión, la Cámara consideró que es el Estado quien tiene la obligación de implementar políticas eficaces frente a la delincuencia.
“Estábamos esperando este fallo para continuar con la aplicación de este programa, pero seguimos avanzando en la preparación de pliegos, en la cuestión administrativa”, explicó el secretario de Gobierno de esa ciudad, Felipe Crespo.
Los trabajos comenzarán en dos barrios: Loma Sur y Pan de Azúcar y el Presupuesto 2026 incluye las partidas necesarias para la adquisición de cámaras y de los discutidos portones (13) con los que se cerrarán las calles.
No hay plazos definidos aún ya que hay una licitación que iniciará su trámite administrativo formal en los primeros días de enero. “Calculo que el transcurso de febrero podremos tener los portones instalados en estos dos barrios”, expresó Crespo.
Fuente e imagen: Cba24n