En una nueva columna de asuntos legales, recibimos al abogado Emiliano Oyola (MP 5-862), para conversar sobre el siguiente tema: el proyecto de modificación del código penal.
Entre los cambios más destacados figura el incremento de las penas para homicidio simple, que pasarían de un máximo de 25 a 30 años, y la incorporación de nuevos agravantes en casos de homicidio, entre ellos ataques a autoridades, docentes y menores. También se propone elevar las sanciones por conducción imprudente, atendiendo reclamos de organizaciones de familiares de víctimas, así como aplicar penalidades más estrictas en hechos vinculados al uso indebido de armas.
El proyecto contempla además que en delitos graves —como homicidio agravado, abuso sexual, corrupción de menores, trata de personas, secuestros extorsivos, terrorismo o narcotráfico— las penas sean de cumplimiento efectivo y sin posibilidad de prescripción. Según adelantó el Gobierno, esto implicaría que la gran mayoría de estos delitos deban cumplir su condena de manera íntegra, sin beneficios que acorten su duración.
Otra modificación relevante se relaciona con la legítima defensa: la propuesta busca reforzar la presunción a favor de la víctima en situaciones de asalto, incluso cuando el agresor utilice armas no letales o de imitación. Asimismo, se plantea un endurecimiento de las sanciones para funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción.