La pena fue de 7 años de prisión pese a que la acusación había solicitado 10. Sobre el detenido pesa el cargo de explotación sexual y reducción a la servidumbre agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad contra una joven de Córdoba.
Según la acusación, el exfuncionario cometió estos delitos contra “Nora” (nombre ficticio utilizado por sus familiares cuando el caso trascendió en los medios), una mujer de 23 años.
La denuncia fue realizada en 2020 por la madre de “Nora”. La víctima, que en ese entonces tenía 20 años, tenía consumo problemático de drogas. El victimario aprovechó su adicción para obligarla a alejarse de su familia, someterla, golpearla y violentarla recurrentemente.