La medida busca “bajar el costo de la burocracia y facilitar los procesos de importación”.
La medida dispuso que a partir de ahora las empresas deberán arbitrar los medios para que los productos cuenten con el etiquetado previo a la comercialización y el control de esta obligación pasará a ser fiscalizado ex post por parte de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
La decisión del área que encabeza Pablo Lavigne fue argumentada en el texto oficial al considerarla oportuna “a fin de simplificar los trámites administrativos y que se pueda lograr una mayor fluidez y facilidad en la operatoria comercial”.
Además, tras realizar un relevamiento de la reglamentación vigente, se detectó que la misma “presenta extremos que en la práctica comercial se erigen como obstáculos al normal desarrollo de la operatoria y, en consecuencia, requieren de una actualización acorde a las nuevas necesidades del mercado y sus actores”.
En este sentido, los datos oficiales aportaron que estos trámites representaron en 2023 más de 1.500 expedientes gestionados en la Secretaría de Industria y Comercio.