El sector mayorista denunció impunidad y una doble garantía para que se continúen recaudando fondos millonarios sin rendición a la que haya acceso público.
La controversia se suscitó en torno del artículo 128, que modifica la Ley 14.250, donde se establece que, a partir del 1 de enero de 2028, las cuotas solidarias (el dinero que los sindicatos descuentan a los no afiliados) dejarán de ser obligatorias.
Y que desde esa fecha, ningún trabajador podrá sufrir descuentos sindicales sin su consentimiento expreso e individual.
Pero además, se pone un tope a las contribuciones patronales a las cámaras empresarias y sindicatos, limitándolas al 0,5% y 2% respectivamente.
Fuente e imagen: NA